Badajoz, 5 de mayo de 2022.- El Sindicato USO ha convocado huelga para las empleadas y empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura debido al más que probable despido de miles de estos trabajadores temporales por las negociaciones que se están llevando a cabo entre Función Pública y sus sindicatos en la Mesa de Negociación. Esta convocatoria de huelga afectaría a un número cercano a los 18.000 empleados.

El 29 de diciembre del año pasado, se publicó la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad que permitía a las Administraciones Públicas convocar procesos selectivos consistentes en concursos de méritos para facilitar la estabilización de las plazas en abuso de la temporalidad. Estos procesos selectivos serán abiertos a todas las personas que quieran participar en ellos y que cumplan los requisitos para desempeñar estos puestos.

Esta Ley surge como requisito exigido por Europa al Gobierno de España para adaptar nuestra normativa interna a la Directiva 1999/70 CE de limitación de la contratación temporal, ya que en España, la contratación temporal en las Administraciones Públicas supera el 30% y desde Europa establecen que debe limitarse al 8%. Debido a esta circunstancia y para poder disponer de los Fondos Next Generation de Europa, el Gobierno se ha visto obligado a aprobar la citada Ley que es de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas.

Hace unos días, se convocó la Mesa de Negociación de la Administración General de la Junta, donde Función Pública aportó un borrador de propuesta de aplicación de la Ley 20/2021 donde se retorcía y bordeaban los límites de la misma y así poder proseguir con su cruzada contra el personal temporal en esta Administración. Incluso los propios sindicatos de la Mesa rechazaron este primer borrador, por lo que tienen ahora una gran oportunidad de pedir que se apliquen lo han reclamado en otras muchas Administraciones, como en el Ayto. de Badajoz.

En el citado borrador no se contempla la valoración de méritos como la formación continua recibida durante años que está relacionada con las funciones a desempeñar en esos puestos de trabajo y la valoración de la experiencia en el puesto de trabajo se limita al 40% de la puntuación total del proceso, cuando en otras Administraciones, como el Ayuntamiento de Badajoz, esta puntuación es del 90%.

Este tipo de bases de convocatorias supondrá el cese de miles de empleadas y empleados públicos en abuso de la temporalidad que llevan desempeñando durante décadas su trabajo de la mejor manera posible teniendo en cuenta la mediocridad de la clase política que nos gobierna.

Badajoz, 10 de mayo de 2022.- En la mañana del 6 de mayo, Función Pública presentó un nuevo borrador de propuesta de estabilización de las plazas ocupadas por personal temporal e interino en la Administración General de la Junta de Extremadura, volviendo a reflejarse la campaña iniciada hace meses de eliminación de estos empleados públicos y con una actitud que poco refleja las que debería ser señas de identidad de un Gobierno Socialista y Obrero, aflorando más bien una altanería, despotismo y prepotencia propios de un régimen de otros tiempos.

El 28 de octubre del año pasado, la Sra. Consejera de Hacienda y Administración Pública nos deleitaba en su intervención en la Asamblea de Extremadura con esta frase: “Lo primero que niego es que haya en la Junta de Extremadura ningún empleado Público en fraude de Ley”. Esta intervención solamente puede reflejar dos alternativas: La falta de respeto que tiene la Sra. Consejera hacia estos empleados y con la ciudadanía en general, al faltar a la verdad de esa manera en la sede de la Asamblea, o el desconocimiento de la situación real de la Consejería que dirige que manifiesta una falta de capacidad evidente para seguir desempeñando estas funciones. Ante cualquiera de estas dos alternativas, el Sr. Presidente debería proceder de manera inmediata a cesar a la Sra. Consejera, ya que, según la propuesta presentada por Función Pública, hay un mínimo de 3200 plazas ocupadas en fraude de ley en la Administración General de la Junta de Extremadura.

Por otro lado, remarcar que la propuesta presentada no responde a los intereses de los trabajadores afectados ni de la ciudadanía en general, ya que, si no rectifican y modifican esa propuesta, se producirán miles de ceses que darán lugar a indemnizaciones que en su conjunto podría superar incluso el gasto de la demolición de Valdecañas. Esto lastraría las cuentas públicas y podrían implicar la reducción de servicios públicos al tener que desviar esos fondos para hacer frente a esas indemnizaciones en unos presupuestos públicos que están tan estirados que, cualquier alteración de esta magnitud, puede suponer que se desplomen como una baraja de naipes.

Ante la situación a la que nos enfrentamos, desde USO pedimos al Sr. Presidente que tomes cartas en el asunto y que no deseche la inversión que hemos realizado durante tantos años los ciudadanos extremeños en la formación de estos empleados y empleadas públicos, que evite que se malgaste el dinero público al tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias, que potencie la estabilización de estos empleados en abuso de la temporalidad según lo establecido en la legislación de aplicación y que en la oferta de empleo público se incluyan las plazas ocupadas por colectivos olvidados de manera interesada por Función Pública, como son el profesorado de religión y monitores de actividades formativas complementarias, ya que están dentro del ámbito de aplicación de la Ley y su no inclusión implicaría un incumplimiento de la misma.